Enrique Pita. Madrid
En los últimos días se suceden las declaraciones de miembros del Gobierno de Barreda, de diputados socialistas y de miembros del PP en las que el objeto de discusión es la financiación de la atención sociosanitaria. Las últimas en sumarse han sido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (“los dirigentes del PP muestran un gran desconocimiento de la Sanidad regional”), y la senadora del PP Carmen Riolobos (“el Gobierno de Castilla-La Mancha no paga las facturas” a los proveedores de servicios sanitarios y “hay centros donde se están restringiendo materiales”).

Isabel Rodríguez y Carmen Riolobos, últimas en sumarse al fuego cruzado sobre la Sanidad.

Al ser uno de los servicios que más afectan a los ciudadanos, la Sanidad y la Dependencia han sido un tradicional caballo de batalla, pero ahora la guerra va más allá de su presupuesto o su calidad. Porque lo que parece que se discute es, en realidad, el modelo sanitario, no tanto el regional como la visión que ambos partidos tienen de este servicio a nivel nacional.

La legislación española, como se ha encargado de recordar el consejero de Salud y Bienestar Social Fernando Lamata, garantiza la atención sanitaria de los pacientes, en cualquier comunidad autónoma, y esto, la atención a personas ajenas a cada autonomía, tiene un coste económico que es reembolsado a través del Fondo de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, lo que no exime para que cada autonomía firme convenios con otras para la atención de sus ciudadanos que, quizá por cercanía, quizá porque tal región no cuenta con la tecnología necesaria para determinadas prácticas, deben desplazarse.

Entonces, ¿cuál es la razón del convenio con Madrid en materia sanitaria que María Dolores de Cospedal ha anunciado? Porque este convenio ya existe desde 2001, aunque se valora de manera diferente desde ambas formaciones. Así, desde el PSOE, su portavoz en materia de Sanidad, Jesús Fernández Vaquero, recordaba que “ya existe, al igual que existe con Castilla y León, Valencia o Extremadura, sin embargo, todas lo cumplen excepto Madrid, que no quiere ni oír hablar de ello”.

Fernando Lamata ha contestado al convenio anunciado por María Dolores de Cospedal.

Opinión bien distinta es la que tienen desde las filas populares, como dejaba patente la propia Cospedal. “El convenio no acaba de cumplirse ni de ser efectivo” afirmaba el pasado lunes al tiempo que aseguraba que la Comunidad de Madrid entiende que el hecho de que “muchos” castellano-manchegos se desplacen “constantemente” a sus centros sanitarios “es bueno y está dispuesta a seguir ofreciendo sus servicios”, aunque apelando a un criterio de “reciprocidad” que, según dejaba traslucir, no existe.

Sin embargo, esto contrasta con los datos presentados por Fernando Lamata, que aseguraba que Castilla-La Mancha ha atendido 124.000 consultas externas procedentes de Madrid que se atendieron en Castilla-La Mancha a lo largo de 2010, así como “cientos de ingresos”, la atención en accidentes de tráfico que se salvaron la vida de muchas personas, “como debe ser”, o los diez millones de euros que gastó la región en recetas para personas procedentes de Madrid que pasaron por la región castellano-manchega, bien haciendo turismo o para otros asuntos, un gasto que se acometió porque “aquí tienen derecho a ir a la farmacia y que el médico les dé su medicamento, no es una gracia que hacemos nosotros”.